La disputa legal entre el PSOE de Algeciras y el alcalde popular, José Ignacio Landaluce, ha escalado, involucrando ahora a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. La política socialista deberá comparecer ante la Justicia por acusaciones de «calumnias e injurias» vertidas contra el regidor de Algeciras, a quien imputó públicamente haber cometido «violencia de género» contra compañeras del consistorio.
El origen de este conflicto judicial se remonta al año pasado, cuando la concejal socialista Rocío Arrabal denunció un presunto acoso del alcalde. Landaluce siempre negó los hechos y, tras una investigación, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la denuncia interpuesta por el PSOE en enero de este año, descartando delitos como malversación, tráfico de influencias, acoso o abuso sexual.
No existe en este momento diligencias de investigación activas.
A raíz de este archivo, Landaluce anunció una querella contra Rocío Arrabal por denuncia sin fundamento, aunque esta acción fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Sala de lo Civil y Penal del TSJA confirmó el archivo de la querella por calumnias, argumentando que el debate político no debe resolverse en los tribunales salvo en casos excepcionales.
Ahora, la atención se centra en María Jesús Montero. Un juzgado de Madrid la ha citado a un acto de conciliación el 4 de junio, a petición de Landaluce, antes de decidir si interpone una querella formal. La demanda de conciliación se basa en declaraciones de Montero del pasado 13 de enero, en las que, según el abogado del alcalde, «imputó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género».
El letrado de Landaluce ha detallado que la demanda exige a la exministra de Hacienda una retractación pública, el cese de sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros. También se incluyen declaraciones posteriores de Montero donde, según la demanda, «volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de 'Alvise' Pérez» y que ya había sido archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero.
