La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha respondido a las preguntas de los periodistas, indicando que la manera en que los dos trabajadores accedieron a las instalaciones de Navantia San Fernando, un astillero con carácter militar y acceso restringido, está "bajo investigación".

Los soldadores, identificados como Manuel Balber, de 54 años, y Jesús Galván, de 51 años, ambos gaditanos con 30 años de experiencia, han estado protestando desde el 9 de abril de 2026. Aseguran que no descenderán de la grúa hasta ser atendidos por el ministro de Hacienda, Arcadi España, o su predecesora, María Jesús Montero.

Fuentes de Navantia han comunicado que se ha establecido un dispositivo de seguridad y se les ha proporcionado comida, agua y mantas a los manifestantes. La compañía pública ha reiterado que no aplica "listas negras" y que sus procesos de selección se rigen por criterios de igualdad, mérito y capacidad, acordados con la representación social. Asimismo, han aclarado que al contratar industrias auxiliares, lo que se contratan son "servicios", no decidiendo qué trabajadores son empleados por estas empresas.

Los trabajadores denuncian que, a pesar de su amplia experiencia y el aumento de la carga de trabajo en la Bahía de Cádiz desde 2024, han sido rechazados por la mayoría de las empresas desde 2019. Atribuyen esta situación a su activa participación en protestas y huelgas como miembros destacados de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, lo que les hace creer que son víctimas de "listas negras".

La protesta ha generado importantes retenciones kilométricas en los accesos a la factoría isleña desde las seis de la mañana, debido a los piquetes que han dificultado la entrada al astillero. Los soldadores también han denunciado que la seguridad de Navantia ha precintado la zona de acceso a la grúa, impidiendo que sus compañeros les faciliten provisiones adicionales.