La decisión de la titular del Tribunal de Instancia de Montoro permite a la administración autonómica reclamar los gastos extraordinarios y los perjuicios derivados del siniestro, que causó la muerte de 46 personas y dejó más de doscientas heridas. Sin embargo, esta personación no le otorga la capacidad de intervenir en la fase de investigación penal, lo que significa que no podrá solicitar pruebas ni promover diligencias de instrucción.
La administración autonómica queda incorporada al procedimiento únicamente en calidad de actor civil.
Esta resolución contrasta con otras solicitudes de personación. La jueza ha rechazado la entrada en la causa de ayuntamientos como los de Lepe, Huelva y Punta Umbría, a los que no se les ha reconocido participación en el procedimiento. Estos consistorios han anunciado que agotarán todas las vías legales para conseguir personarse como acusación popular.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, había expresado previamente la confianza de la Junta en su personación, una aspiración que finalmente se ha cumplido, aunque con limitaciones. Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha insistido en la necesidad de que “se llegue hasta el final de la investigación” por las víctimas y sus familiares.
“"Lo importante y lo urgente es que se conozca toda la verdad."
En el mismo auto, la jueza Pastor admitió la personación como acusación popular de entidades como el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, la Asociación HazteOir.org, el Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), la Asociación Víctima de los Políticos y la Asociación Liberum, condicionada a una fianza de 3.000 euros para cada una. Sin embargo, rechazó la personación de Ouigo España SAU al no considerarlo un perjudicado directo.
