La operación policial en Almería ha culminado con la desarticulación de un entramado de ocultación de dinero, resultado de una exhaustiva investigación patrimonial. Los implicados enfrentan cargos por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, tras confirmarse la canalización de beneficios económicos derivados del tráfico de estupefacientes.

La investigación se inició a partir de las pesquisas del Grupo II de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que identificó un activo punto de venta de cocaína y hachís en una vivienda de la capital. Las vigilancias confirmaron un constante flujo de compradores, lo que llevó a un registro domiciliario donde se incautaron sustancias estupefacientes, útiles para su distribución y más de 12.800 euros en efectivo.

Posteriormente, el Grupo XI de Blanqueo de Capitales, una unidad de reciente creación en la Comisaría Provincial de Almería, asumió la investigación patrimonial. Su objetivo fue identificar bienes y activos susceptibles de embargo y determinar la comisión del delito de blanqueo. La complejidad de esta fase radicó en el rastreo de activos, el análisis de titularidades y el estudio de productos financieros, prestando especial atención a la trazabilidad del dinero.

Los agentes analizaron cientos de movimientos financieros, detectando más de 460 operaciones a través de novedosos servicios de pago, con ingresos anuales que superaban los 24.000 euros. Además, se identificaron múltiples cuentas bancarias asociadas a los investigados en bases de datos oficiales, lo que sugiere una estrategia para dispersar los fondos y dificultar su seguimiento.

Esta operación se enmarca en el V Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que busca intensificar la presión económica sobre las organizaciones de narcotráfico. La Policía Nacional no solo se enfoca en desarticular puntos de venta y detener a los responsables, sino también en perseguir la responsabilidad pecuniaria para cortar el flujo económico que sustenta el narcotráfico, evitando la reinversión de beneficios ilícitos y la reproducción de estructuras delictivas. Los investigados, uno de ellos ya en prisión, permanecen a disposición judicial, y no se descartan nuevas medidas patrimoniales.