La entidad ha expresado su firme oposición a la implementación de la zona azul, señalando que el proyecto adolece de importantes deficiencias legales. Advierten de posibles repercusiones económicas y jurídicas para el consistorio onubense si el servicio se pone en marcha sin la debida aprobación de la ordenanza municipal.
Según la asociación, el Ayuntamiento de Almonte adjudicó en septiembre de 2025 un contrato de 30 años a la empresa Dornier para la gestión del servicio, sin contar previamente con la ordenanza municipal requerida por ley. Un portavoz del ayuntamiento habría reconocido públicamente en el pleno de agosto de 2025 la necesidad de aprobar la ordenanza antes del contrato, aunque el procedimiento se invirtió.
Ocho meses después de la adjudicación, la ordenanza reguladora aún no ha sido aprobada. La asociación presentó alegaciones en enero de 2026, las cuales, según denuncian, no han recibido respuesta por parte del Ayuntamiento. Esta situación, afirman, vulnera el principio de participación ciudadana y contraviene los principios de buena regulación y seguridad jurídica.
“"El procedimiento administrativo habitual exige que se complete el trámite de consulta pública, se analicen las aportaciones recibidas, se apruebe inicialmente la ordenanza, se abra el periodo de información pública, se resuelvan las alegaciones y, finalmente, se apruebe definitivamente en el pleno antes de su entrada en vigor."
La asociación subraya que la ausencia de una ordenanza aprobada implica que las tarifas de la ORA carecen de respaldo legal, lo que podría invalidar cualquier cobro a los usuarios y las sanciones por impago. Alertan de que todos los actos derivados de este servicio serían impugnables, exponiendo al Ayuntamiento a una avalancha de recursos y reclamaciones que podrían afectar seriamente las arcas municipales, especialmente durante la temporada estival.
Asimismo, la entidad ha advertido a los miembros de la corporación municipal de Almonte sobre las posibles responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales en las que podrían incurrir si el servicio se inicia en las condiciones actuales. No descartan un conflicto con la empresa concesionaria Dornier y señalan que la puesta en marcha de un servicio de cobro sin cobertura legal podría constituir un delito de prevaricación administrativa.
La Asociación de Propietarios ha hecho un llamamiento a todos los grupos municipales para que convoquen una sesión extraordinaria urgente y paralicen el servicio hasta que se cumplan todos los requisitos legales. Advierten que la responsabilidad recaerá no solo en el equipo de gobierno, sino también en aquellos que, pudiendo actuar, no lo hagan. La entidad asegura que, aunque están preparando acciones legales, aún hay tiempo para rectificar y evitar un costoso conflicto judicial.
