La compañía, que también participó en la licitación, ha presentado tres escritos ante el Registro del Ayuntamiento de Almonte, a los que este diario ha tenido acceso. En ellos, Aqualia denuncia un proceso lleno de anomalías y advierte que se reserva el derecho de emprender acciones legales si la adjudicación sigue adelante.
El principal foco de las quejas se centra en el acta de la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el 26 de marzo de 2026, publicada el 8 de abril. Según Aqualia, este documento no refleja con exactitud lo ocurrido, omitiendo y distorsionando intervenciones cruciales de sus representantes. La empresa sostiene que estas inexactitudes comprometen la legalidad del procedimiento y justifican su paralización.
La Mesa no explicó ni justificó en el acto público los motivos por los que se encargó un nuevo informe técnico, limitándose a comunicar la puntuación resultante de ese segundo informe y asumiéndola sin más, sin ofrecer información previa sobre la identidad del asesor externo ni sobre la base jurídica de su designación.
Aqualia también cuestiona la figura del asesor externo que elaboró el nuevo informe técnico. La empresa señala que su designación no fue publicada en la Plataforma de Contratación, y no se proporcionó información sobre su identidad, formación o experiencia, impidiendo a los licitadores ejercer su derecho a recusación. Además, el acta, según Aqualia, omite preguntas y respuestas relevantes, incluyendo las relativas a la valoración de declaraciones responsables y las impugnaciones de la empresa al segundo informe.
La compañía solicitó expresamente la suspensión del acto antes de la apertura del Sobre 3, advirtiendo que continuar con la sesión causaría un efecto irreparable. A pesar de ello, la Mesa decidió seguir adelante y abrir las ofertas económicas. Aqualia denuncia que el acta no recoge adecuadamente estas peticiones de suspensión ni su fundamentación, ni tampoco las solicitudes de vista y copia íntegra de la documentación del expediente.
Finalmente, Aqualia insiste en que la propuesta de adjudicación se basa casi exclusivamente en la valoración técnica, a pesar de que las diferencias entre las ofertas en los criterios evaluables automáticamente son mínimas. La empresa argumenta que el informe técnico introduce subcriterios no previstos en el pliego, creados tras conocer el contenido de las ofertas, lo que considera contrario a los principios de transparencia, igualdad de trato y vinculación al pliego.
