La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha recibido confirmación oficial de la Junta de Andalucía, con fecha 27 de mayo de 2026, sobre la ilegalidad del decreto que ordenaba el inicio del servicio de la Zona de Regulación de Aparcamiento (ORA) en la localidad. La Delegación Territorial en Huelva inició actuaciones de tutela de legalidad tras una denuncia de la Asociación.
La Junta de Andalucía formuló un requerimiento formal contra el decreto del alcalde de Almonte, declarando que era ilegal por haber sido dictado por el alcalde en lugar de por el Pleno del Ayuntamiento, tal como establece la Ley de Haciendas Locales. La Asociación subraya que esto confirma sus denuncias iniciales sobre la ilegalidad del decreto.
El documento de la Junta revela que el alcalde emitió un segundo decreto, el 14 de mayo de 2026, anulando el anterior. La Asociación critica que esta anulación, que supone un reconocimiento implícito de la ilegalidad, se produjo en silencio, sin ser comunicada ni a la ciudadanía, ni a los concejales de la oposición, ni a la propia Asociación, hasta recibir la comunicación oficial de la Junta.
La Asociación desmiente categóricamente las afirmaciones del equipo de gobierno sobre un supuesto aval del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) a la zona azul. Explican que el TARCJA inadmitió el recurso de la Asociación por razones formales, sin pronunciarse sobre la legalidad del contrato o del servicio, calificando la difusión de lo contrario como una "manipulación intolerable de la información institucional".
Se denuncia la ocultación deliberada de la anulación del decreto en los plenos municipales del 15 y 21 de mayo, mientras se difundía información falsa sobre el respaldo judicial. La Asociación considera que estos hechos podrían ser contrarios a los principios de transparencia y buena fe de las administraciones públicas.
Actualmente, el servicio de ORA en Matalascañas carece de respaldo legal, ya que el decreto inicial fue anulado y las ordenanzas necesarias no han sido aprobadas por el Pleno, que las ha rechazado en dos ocasiones. La Asociación ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Huelva y de la Junta de Andalucía, y asegura que emprenderá acciones legales para restablecer la legalidad.
