La propuesta, que se encuentra en fase de consulta desde el pasado 22 de julio, busca modificar las ordenanzas fiscales para facilitar la rotación de vehículos en el núcleo costero. Según el documento, el coste del servicio recaería exclusivamente sobre los visitantes no empadronados, mientras que los residentes de Almonte, El Rocío y Matalascañas quedarían exentos de abonar tarifas directas.
Para garantizar esta gratuidad local, el gobierno municipal contempla compensar económicamente a la empresa concesionaria a través de los presupuestos del Consistorio. Esta medida implica que el coste del servicio será asumido por el conjunto de los contribuyentes que abonan el IBI, incluyendo a los propietarios de segundas residencias que no figuran en el padrón municipal.
El proyecto llega tras varios intentos fallidos en el pleno municipal, donde la oposición ha rechazado anteriormente la normativa por falta de negociación. Actualmente, el proceso administrativo se desarrolla en paralelo a unas diligencias judiciales abiertas en el Tribunal de Instancia de La Palma del Condado, que investigan posibles irregularidades en la adjudicación del contrato de estacionamiento, valorado en más de 47 millones de euros para un periodo de tres décadas.
