El Gobierno regional aprobó el pasado viernes la nueva Autorización Ambiental Integrada (AAI) que marca el camino hacia el sellado definitivo del vertedero de Nerva. Esta resolución refuerza las garantías ambientales en el entorno y asegura que la empresa titular, DSM, asuma el coste total del sellado y la vigilancia posterior.
El vertedero, autorizado inicialmente en 1996 y ampliado en 2003, recibió una AAI en 2008 que duplicó su capacidad. Tras finalizar la explotación del vaso I en 2005, su sellado no se exigió hasta 2021, ordenándose entonces el cierre y la restauración paisajística. Un informe de febrero de 2023 sugirió que los vasos II y III podrían haber superado su capacidad, lo que inició un procedimiento sancionador y la orden de cese inmediato de vertidos.
Tras alegaciones de DSM, que defendía una capacidad restante de 970.000 toneladas, la Junta solicitó nuevos estudios que redujeron la cifra a 780.000 toneladas. Aunque no se confirmó la infracción, una resolución de febrero de 2025 obligó a la empresa a presentar un proyecto actualizado de reconformación, sellado y clausura, junto con un plan de vigilancia posclausura.
Hasta la fecha, se han clausurado y sellado más de 118.000 metros cuadrados, equivalentes a 11,8 hectáreas en fase de restauración paisajística. En 2021 se habían sellado 61.571,91 metros cuadrados (el 21% del total), correspondientes al vaso I. En 2025, la superficie sellada alcanzó los 118.571,91 metros cuadrados (40% del total), sumando 57.000 metros adicionales de los vasos II y III. Actualmente, el 56,7% de la superficie de los vasos de residuos no peligrosos está cerrada.
La nueva autorización, aprobada este viernes, incorpora el proyecto de cierre ordenado, adapta la instalación a la normativa vigente y establece cuatro fases para completar la reconformación y el sellado. Según fuentes del Ejecutivo regional, el diseño mejora la gestión del agua de lluvia, reduce riesgos erosivos, facilita el drenaje y la estabilidad, y optimiza la integración paisajística. La responsabilidad y el coste recaen íntegramente sobre DSM, que deberá ejecutar el sellado, la restauración y mantener la vigilancia ambiental durante al menos 30 años.
La Junta subraya que un cierre ordenado garantiza que la empresa asuma los pasivos ambientales, evitando que los costes recaigan sobre la Administración en caso de abandono de la actividad.
