La resolución judicial considera probado que Sánchez, quien fue regidor por Roteños Unidos, utilizó dinero público para compensar económicamente a personas que ocupaban ilegalmente viviendas municipales. El objetivo era que abandonaran los inmuebles, facilitando así una reordenación urbanística en la zona.
El origen de este caso se remonta a 1976, cuando el Ayuntamiento de Rota trasladó a los ocupantes de un asentamiento chabolista en la barriada Campo de Fútbol a 26 viviendas de nueva construcción. Estas propiedades, de titularidad municipal, no podían ser adquiridas en propiedad por sus adjudicatarios.
Con el tiempo, algunas de estas viviendas quedaron desocupadas y fueron ocupadas ilegalmente, en ocasiones mediante el forzamiento de cerraduras o conexiones ilícitas a servicios básicos. Los ocupantes no abonaban alquiler ni poseían título legal, una situación de conocimiento público que contribuyó al deterioro de la zona, llegando algunas viviendas a convertirse en puntos de venta de droga.
Ante esta situación, el Consistorio propuso compensaciones económicas para que los ocupantes abandonaran las viviendas. La Junta de Gobierno Local, a propuesta del entonces alcalde, aprobó un acuerdo con una dotación de 600.000 euros y un anticipo de 120.000 euros a la Sociedad Urbanística de Rota S.A. (Sursa) para gestionar estos pagos.
El acuerdo no amparaba la entrega de dinero a personas que ocupaban las viviendas de forma ilegal, al no tener ningún derecho reconocido sobre las mismas.
A pesar de ello, el tribunal ha determinado que Lorenzo Sánchez actuó de forma consciente y al margen de la legalidad, beneficiando ilícitamente a cuatro ocupantes. Se firmaron dos acuerdos en 2007, uno el 14 de marzo por 25.396,67 euros para dos personas, y otro el 12 de septiembre por 23.342,44 euros para otras dos, sumando un total de 48.739,11 euros de fondos públicos.
Estas cantidades se canalizaron a través de un sistema de compensación de deudas con la empresa Promociones Castellanos, sin el respaldo legal ni la intervención económica previa requerida. La Audiencia concluye que esta actuación causó un perjuicio económico tanto al Ayuntamiento de Rota como a Sursa, al disponer de fondos públicos sin base jurídica.
La sentencia, que declara nulos los convenios firmados, condena a Lorenzo Sánchez y a los cuatro beneficiarios a devolver la suma total de 48.739,11 euros al Ayuntamiento. La resolución no es firme y puede ser recurrida.
