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Condenado a tres años de prisión el ex alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez, por malversación

La Audiencia de Cádiz ha dictaminado que el ex regidor pagó con fondos públicos a ocupantes ilegales para desalojar viviendas en terrenos municipales.

Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa de madera en un juzgado.
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Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa de madera en un juzgado.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a Lorenzo Sánchez, ex alcalde de Rota, a tres años de prisión y 21 de inhabilitación por malversación y prevaricación, al probarse que usó dinero público para desalojar a ocupas de viviendas municipales.

La sentencia, emitida por la Sección Primera de la Audiencia de Cádiz, considera a Lorenzo Sánchez, quien fue alcalde de Rota por Roteños Unidos (RRUU) entre 2003 y 2010, culpable de dos delitos de prevaricación administrativa en concurso con dos delitos de malversación de caudales públicos. Este fallo se enmarca en el conocido como “caso Okupas”.
El tribunal ha determinado que el ex regidor roteño utilizó fondos municipales para compensar a ocupantes ilegales, incentivándolos a abandonar unas propiedades que el Ayuntamiento deseaba destinar a un nuevo uso urbanístico. A cambio de su salida, los ocupas recibieron una suma superior a los 48.000 euros, cantidad que les permitió financiar la entrada de otra vivienda.

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local no amparaba la entrega de cantidad alguna de dinero a las personas que estaban ocupando de manera ilegal esas viviendas, pues no poseían título alguno que las habilitase para residir en las mismas al no haber sido adjudicatarias según el acuerdo del Pleno de 1976.

La resolución judicial detalla que, en 1976, el Ayuntamiento de Rota reubicó a los habitantes de un asentamiento chabolista en 26 viviendas de alquiler social en las calles Zorrilla y Virgen de las Nieves. Con el tiempo, algunas de estas viviendas fueron ocupadas ilegalmente. Ante el deterioro del bloque Zorrilla y su conversión en un punto de venta de drogas, el consistorio decidió demolerlas para una nueva ordenación urbanística.
El 24 de octubre de 2006, la Junta de Gobierno Local, a propuesta de Lorenzo Sánchez, aprobó una dotación de 600.000 euros para el realojo o compensación económica de los propietarios o titulares con derecho de posesión. Sin embargo, la sentencia subraya que este acuerdo no contemplaba pagos a ocupantes ilegales. Pese a ello, Sánchez firmó dos convenios en 2007, entregando un total de 48.739,11 euros a cuatro ocupas, dinero que provenía de las arcas municipales y se destinó a la entrada de nuevas viviendas comercializadas por Promociones Castellano.
La Audiencia de Cádiz ha ordenado a Lorenzo Sánchez y a los cuatro ocupas implicados devolver la suma al Ayuntamiento de Rota y ha declarado nulos los convenios. La sentencia incluye una atenuante de dilaciones indebidas, pero con una rebaja de un solo grado, debido a los antecedentes del procesado. Sánchez ya fue condenado por el “caso Uniformes” y está a la espera de otra sentencia por el “caso Parking”.