Según ha comunicado el sindicato, el fallo judicial es contundente al establecer que la Administración vulneró el derecho fundamental de huelga. La decisión se basó en la imposición de servicios mínimos desproporcionados, arbitrarios y sin justificación real, lo que ha sido calificado como un revés significativo para la gestión de la dirección del hospital.
“"El fallo no deja lugar a dudas, la Administración vulneró el derecho fundamental de huelga, y lo hizo de la peor manera posible, imponiendo servicios mínimos desproporcionados, arbitrarios y sin ninguna justificación real."
El juzgado ha desestimado punto por punto la actuación de la dirección, confirmando las denuncias previas del sindicato sobre el inflado de los servicios mínimos, que superaron con creces la referencia legal habitual de un día festivo, sin motivación alguna. Esto, según el sindicato, convirtió la huelga en un mero simulacro.
La resolución judicial también ha puesto de manifiesto una forma de actuar inaceptable por parte de la Administración pública. Se señala la ausencia de un acto administrativo formal para fijar los servicios mínimos, la falta de un expediente que justificara las decisiones y el uso de documentos informales sin firma ni validez.
Además, el sindicato ha subrayado como "lo más grave" la ocultación de información durante los días clave de la huelga, comunicándose de forma tardía y deficiente, lo que impidió una reacción adecuada. Esta situación se ha interpretado como opacidad, improvisación y un desprecio absoluto por los derechos de los profesionales.
“"Los servicios mínimos no son un instrumento para neutralizar una huelga, sino que son una limitación excepcional de un derecho fundamental y, como tal, deben estar estrictamente justificados, ser proporcionados y comunicarse con transparencia y antelación."
Desde el Sindicato Médico de Córdoba, se considera que esta sentencia marca un antes y un después, advirtiendo que no tolerarán el uso de los servicios mínimos como herramienta para vaciar de contenido las movilizaciones médicas o para imponer una actividad asistencial casi normal durante una huelga. Esta victoria judicial sirve como aviso a la Administración sanitaria de que la vulneración de derechos fundamentales conlleva consecuencias, y el sindicato continuará defendiendo a los facultativos frente a abusos y decisiones arbitrarias.
