La decisión judicial da la razón a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que había recurrido las penalizaciones. Según la asociación, esta sentencia “pone freno al excesivo rigor disciplinario” que, a su juicio, sufren los agentes en la provincia de Córdoba.
Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando un individuo realizó una pintada en la puerta de acceso al acuartelamiento de Córdoba en cuestión de segundos. El mismo individuo también actuó en otros edificios cercanos de la avenida Medina Azahara, como las instalaciones de la empresa municipal Sadeco y un salón de juegos.
“"El tribunal ha coincidido con nosotros en que se ha vulnerado el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad de la conducta sancionada, junto con la quiebra del principio de responsabilidad personal."
El tribunal militar argumentó que la resolución sancionadora no especificaba la desatención concreta de cada agente, aplicando una “responsabilidad solidaria y objetiva” sin delimitar la conducta infractora individual. La sentencia subraya que “no puede existir culpabilidad si no hay participación en la infracción, y esa participación no se ha acreditado en el procedimiento sancionador”.
Como resultado de esta anulación, la Dirección General de la Guardia Civil deberá devolver a los tres afectados el dinero detraído de sus retribuciones, junto con los intereses legales, y eliminar las anotaciones negativas de sus hojas de servicio.
“"Hechos como este vienen a corroborar lo que AUGC lleva muchos años denunciando: el excesivo e injustificado rigor disciplinario que se aplica en la Guardia Civil y especialmente a la escala básica de cabos y guardias."
La asociación también ha aprovechado para solicitar un incremento de la plantilla del Núcleo de Servicios de Córdoba, que, según afirman, “lleva años bajo mínimos y sin poder desempeñar adecuadamente sus cometidos”.
