La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba se prepara para acoger la próxima semana el juicio contra un hombre enfrentado a graves acusaciones. El Ministerio Fiscal ha presentado un escrito de conclusiones provisionales en el que solicita un total de nueve años de cárcel por un intento de incendio en un local de la capital, así como por delitos de atentado contra la autoridad y lesiones.
Los hechos, que se remontan al año 2024, describen cómo el acusado se dirigió a un establecimiento en Córdoba llevando consigo dos botellas de gasolina. Una vez dentro, procedió a rociar con el combustible a las personas presentes. Posteriormente, derramó el contenido de una de las botellas en la entrada del local, tanto en el interior como en el exterior, y lanzó un cigarrillo encendido con la intención de provocar un incendio.
A pesar de no lograr su objetivo inicial, el acusado persistió en su actitud, dirigiéndose nuevamente hacia las personas que ya habían sido alertadas por los empleados y rociándolas con la gasolina restante de la segunda botella. El escrito fiscal detalla que lanzó varios cigarrillos encendidos y, al no conseguir que el combustible prendiera, intentó usar un mechero. La intervención de un cliente del establecimiento fue crucial para reducir al atacante y evitar una tragedia mayor. Durante su detención, se le incautaron las dos botellas de gasolina y dos mecheros.
La tragedia fue evitada gracias a la intervención de un cliente del establecimiento, que logró reducir al atacante.
El incidente no concluyó con la reducción del procesado en el local. Según el Ministerio Público, durante su traslado a la comisaría, el acusado mantuvo una actitud violenta, negándose a descender del vehículo policial y agrediendo a un agente, lo que le causó una herida.
La Fiscalía considera que estos actos constituyen tres delitos: incendio con peligro para la vida e integridad de las personas, en grado de tentativa, por el que se piden siete años de prisión; y un atentado a la autoridad, por el que se solicita un año de cárcel, al igual que por el delito de lesiones. Además de la pena de prisión, el fiscal solicita el pago de las costas procesales y la prohibición de aproximarse al establecimiento a menos de 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con el local durante un periodo de tres años. El Ministerio Público ha señalado que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
