El tribunal ha rechazado íntegramente el recurso presentado por el agente, quien reclamaba una compensación económica. La decisión judicial subraya que la anulación de una sanción administrativa no implica automáticamente el derecho a una indemnización por parte del Estado.

El origen del conflicto se remonta a junio de 2017, cuando el miembro de la Guardia Civil fue sancionado con ocho días de suspensión de funciones. La sanción se basó en una presunta falta grave de “violación de secreto profesional”, acusándole de haber divulgado a medios de comunicación detalles de una operación antidroga.

El agente, que actuaba como representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), vio posteriormente anulada dicha sanción. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha determinado que esta anulación no es motivo suficiente para conceder la indemnización solicitada.