La propuesta surge a raíz de las recientes pintadas que han afectado al emblemático monumento y la frecuente presencia de carteristas en la zona, un punto de gran afluencia turística. La formación socialista sugiere que esta medida sea evaluada en la Comisión del Plan de Gestión del Centro Histórico de Córdoba.

Según el portavoz socialista, la implementación de cámaras, similar a lo realizado en otras ciudades en espacios limitados, requeriría la solicitud del Ayuntamiento y la autorización de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Este proceso incluiría un informe previo de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, que valoraría la seguridad, la protección del patrimonio y los derechos ciudadanos.

Se ha planteado la posibilidad de establecer un periodo de prueba para analizar los efectos de la medida y su aceptación social. La doble utilidad de estas cámaras sería disuadir a los delincuentes y prevenir actos vandálicos, además de servir como apoyo en las actuaciones policiales.

El portavoz ha enfatizado que tanto los robos como el vandalismo son problemas recurrentes en la zona, y que la instalación de tecnología, junto con una mayor presencia policial, podría ser clave para frenar estas incidencias que afectan al patrimonio y la seguridad de los visitantes.