La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha alertado sobre las complicaciones en la tramitación de la regularización de inmigrantes. En pocos días, se han registrado unas 420 solicitudes, superando las 340 de todo el año anterior. La concejala ha subrayado la importancia de que los ayuntamientos sean consultados en la elaboración de decretos ley que impactan directamente en su gestión.

Según la representante municipal, la normativa ha generado más incertidumbre tanto para los usuarios, que disponen de un plazo limitado de dos meses para realizar la regularización, como para los propios servicios municipales. Se ha observado una media de 300 citas diarias en el Ayuntamiento, lo que, aunque se atiende con rapidez, evidencia la magnitud de la demanda.

Un punto crítico es el cambio en el reglamento, que ha pasado de requerir un informe de vulnerabilidad a un certificado. Esta modificación implica que la firma ya no recae en la trabajadora social, sino en un secretario municipal, complicando el proceso, especialmente para personas sin historial previo en los Servicios Sociales.

La edil ha calificado el proyecto ministerial como “muy bonito en sus papeles”, pero ha insistido en que está generando “mucha desazón” y “incertidumbre” entre los ayuntamientos, las diputaciones y, sobre todo, los usuarios. Ha recordado que muchas de estas personas se encuentran en situaciones extremas y no están empadronadas, lo que dificulta aún más su gestión.

El Ayuntamiento se reunirá con entidades sociales para colaborar y ofrecer espacios si es necesario, pero insiste en que la ley es “muy improvisada”. Se defiende la necesidad de reforzar los ayuntamientos con personal especializado y dotación económica, tal como se hace en otros proyectos, para poder afrontar la “avalancha” de trabajo que ha llegado “de pronto”.