El incidente ocurrió cuando la profesional fue golpeada en la muñeca por un recluso. Desde la sección sindical han señalado que el agresor cuenta con antecedentes por ataques previos a trabajadores del centro, lo que subraya el clima de grave inseguridad que, según denuncian, afecta a la plantilla.
La organización sindical ha vinculado este suceso con problemas estructurales de la instalación, como la sobrepoblación y una clasificación de internos que consideran inadecuada. Según los datos aportados, el centro, junto con el Centro de Inserción Social Carlos García Valdés, alberga a cerca de 1.500 personas, una cifra que complica la gestión diaria.
La falta de facultativos es otro de los puntos críticos señalados. Actualmente, el servicio sanitario cuenta únicamente con dos médicos para toda la población reclusa, lo que obliga al personal de enfermería y auxiliares a asumir responsabilidades adicionales. El sindicato advierte que esta situación es insostenible y pone en riesgo tanto la salud de los internos como la integridad de los trabajadores.
Ante este escenario, se ha solicitado a la dirección del centro que agilice el traslado de los internos más conflictivos y que se garantice el apoyo psicológico para la profesional afectada. Asimismo, han reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la transferencia de competencias sanitarias a las comunidades autónomas y la cobertura urgente de las plazas médicas vacantes.
