El dispositivo de control de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) activado por la Policía Local de Córdoba ha resultado en el levantamiento de 512 actas de denuncia en la ciudad durante sus primeros cuatro meses de aplicación. Esta campaña busca asegurar la adecuación a la normativa estatal y reducir la siniestralidad vial.
Tras un periodo inicial de información y concienciación, que incluyó avisos en redes sociales sobre la normativa, los agentes han intensificado la vigilancia. La legislación actual exige que todos los VMP cuenten con seguro de responsabilidad civil y estén inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, se prohíbe que los patinetes superen los 25 kilómetros por hora o circulen por aceras y zonas peatonales.
Los controles policiales se han desplegado en diversas localizaciones de la capital, priorizando las zonas con alta concentración de vehículos de movilidad personal. El objetivo es detectar patinetes en situación irregular, mal estacionados o que generen perjuicios a la movilidad general.
Jesús Coca, delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, ha calificado la labor de los agentes como "fundamental" y "ejemplarizante", señalando que "el número de infractores que detectamos en la calle disminuye mes a mes". Entre abril y mayo se registraron 405 denuncias, mientras que en junio y julio, el número descendió a 107.
Coca detalló que "aquel ciudadano que ha sufrido que se le retire el patinete o una primera sanción suele hacer lo posible por regularizar la situación". Asimismo, quienes conocen las medidas adoptadas "se esfuerzan por no recibir una primera multa".
El concejal de Seguridad destacó que, además de verificar el cumplimiento normativo, el dispositivo busca "mejorar la seguridad de las zonas peatonales". Hizo un llamado a la "responsabilidad de los usuarios de patinete y también de los conductores de vehículos a motor para que todas las modalidades de transporte convivan", subrayando la obligación de "proteger especialmente a los viandantes".
Los patinetes eléctricos son legalmente considerados vehículos, y sus conductores deben acatar las normas de tráfico. El incumplimiento puede acarrear sanciones económicas de hasta 800 euros.
