El demandante argumentaba que la entrada de agua se debía al mal estado del acerado público, específicamente al levantamiento del pavimento provocado por las raíces de un árbol. Según su versión, esta situación habría generado una pendiente que facilitaba la entrada de agua de lluvia en el inmueble.
Sin embargo, el juez no encontró pruebas suficientes que demostraran una relación directa entre el estado de la vía pública y los daños sufridos. Tras analizar los informes periciales y la documentación gráfica, la sentencia concluye que no se ha probado la existencia de una pendiente invertida ni de un defecto relevante en la acera imputable a la Administración.
La causa más probable de las filtraciones radica en las propias características del local, situado a ras de calle y sin elementos de protección —como un escalón o barrera— que impidan la entrada de agua en episodios de lluvia intensa.
El juzgado también señaló que, aunque se detectó un pequeño desperfecto en una zona del acerado posiblemente relacionado con raíces, este no se encontraba junto a la entrada del inmueble ni era lo suficientemente significativo como para justificar los daños alegados. Por lo tanto, la resolución descarta la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en este caso.
A pesar de la desestimación, el juez decidió no imponer las costas procesales a ninguna de las partes, considerando que existían dudas razonables durante el litigio. La sentencia es firme y no admite recurso ordinario.
