La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, ha presentado un balance del Servicio de Ayuda a Domicilio correspondiente al primer semestre de 2026. Durante este periodo, la institución provincial ha transferido a los ayuntamientos un total de 46.047.867,62 euros.
Esta transferencia de crédito ha permitido atender a 11.600 personas en situación de dependencia en la provincia, a las que se les han prestado un total de 2.759.568,59 horas de asistencia.
Aguilera también ha destacado el impacto del servicio en el empleo, estimando que 5.200 auxiliares han desempeñado esta labor durante el primer semestre, siendo el 90% mujeres, lo que convierte al servicio en un importante generador de empleo femenino.
La también presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) subrayó la importancia de esta prestación como soporte para muchas familias y un apoyo que permite dar respiro a los cuidadores.
Según Aguilera, se ha realizado un esfuerzo para incrementar las horas de atención: de 20 a 37 horas para el primer grado de dependencia; de 38 a 64 horas mensuales para el grado II; y de 65 a 94 horas para el grado III.
En cuanto a la financiación, la Junta de Andalucía mantiene un compromiso sustancial, incrementando el precio hora de financiación del servicio. Se ha pasado de los 13 €/hora financiados en los primeros años a los 17,46 € por hora aprobados recientemente para 2026 por el gobierno andaluz.
Aguilera enfatizó la necesaria colaboración entre administraciones —Junta de Andalucía, ayuntamientos y Diputación—, reconociendo el trabajo arduo y minucioso para responder a las necesidades de cada usuario.
La delegada remarcó que estos datos reflejan la apuesta firme de la Diputación de Córdoba por este servicio, considerándolo uno de los más adecuados para las personas en situación de dependencia.
Por ello, el servicio debe prestarse con todas las garantías de calidad y eficiencia, haciendo imprescindible la coordinación, colaboración y entendimiento entre ayuntamientos, empresas prestadoras y la propia institución provincial a través del IPBS.
