El organismo regulador formalizó este expediente el pasado 13 de mayo, señalando posibles incumplimientos normativos relacionados con la seguridad y garantía del suministro. Según la normativa vigente, el proceso cuenta con un periodo máximo de 18 meses para alcanzar una resolución definitiva.
Esta actuación se enmarca dentro de una investigación más amplia que ya acumula 66 expedientes informativos abiertos por la CNMC. El regulador ha puesto el foco en diversos operadores del sistema y las principales compañías eléctricas que operan en el mercado nacional.
“"Los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial."
La investigación no se limita exclusivamente a la jornada del 28 de abril, sino que abarca prácticas detectadas en otros periodos que podrían constituir infracciones sectoriales. Las sanciones previstas para las faltas consideradas graves pueden alcanzar los 6 millones de euros, mientras que las muy graves podrían llegar hasta los 60 millones.
