La operación, denominada Bumaca, ha permitido desarticular una red criminal con base en Écija que se dedicaba al envío de picadura de tabaco de contrabando a través de servicios de paquetería. Como resultado de esta acción, diez individuos han sido arrestados por su presunta implicación en delitos de contrabando, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Las fuerzas de seguridad informaron que los implicados llegaron a suplantar la identidad de hasta 16 personas, utilizándolas como remitentes de los envíos. Esta práctica generaba graves perjuicios, tanto penales como administrativos, para las víctimas. Durante la intervención, se han confiscado más de 850 kilogramos de picadura de tabaco.

Las investigaciones se iniciaron a finales de 2023, cuando unidades de la Guardia Civil de Cádiz detectaron numerosos envíos de paquetería con picadura de tabaco que se tramitaban individualmente como infracciones administrativas, figurando los remitentes como responsables. Las pesquisas revelaron que estas personas eran, en realidad, víctimas de usurpación de identidad. Los presuntos autores empleaban teléfonos difíciles de rastrear y documentación falsificada para obstaculizar la acción policial y el seguimiento del dinero ilícito.

La organización operaba con una estructura jerarquizada, compuesta por al menos 15 personas, la mayoría asentadas en Écija y con fuertes lazos familiares, lo que complicaba las labores de investigación y vigilancia. Además, disponían de locales logísticos estratégicamente ubicados en distintos puntos del territorio nacional para realizar los envíos, aprovechando empresas de paquetería con menores controles.

Los agentes llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en Écija. Además de las detenciones, se procedió al bloqueo e incautación de bienes muebles e inmuebles, así como de una considerable cantidad de dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo, cuyo valor supera el medio millón de euros. Se estima que la venta del tabaco intervenido habría generado beneficios superiores a los 150.000 euros.