El plan original, que contemplaba la clausura de estas instalaciones para el mes de septiembre, se ha visto alterado por la necesidad de reorganizar otras dependencias judiciales. La estrategia actual requiere primero el alquiler de un local externo para liberar espacio en la sede de la Plaza de la Constitución, donde finalmente se trasladarán los cuatro juzgados de lo Penal que operan actualmente en el edificio en ruinas.
El inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Algeciras, ha sido objeto de numerosas quejas por parte de sindicatos y profesionales debido a su grave deterioro estructural. Las deficiencias incluyen humedades, filtraciones y la presencia de plagas, lo que ha obligado a realizar apuntalamientos y cierres parciales de salas de vistas y calabozos en los últimos meses.
“"Por lo menos hay un plan. Luego los planes encuentran obstáculos y pueden retrasarse, pero existe una voluntad clara de darle una solución al problema."
Aunque la fecha de diciembre se perfila ahora como el objetivo más optimista para completar el traslado, no se descarta que el proceso pueda extenderse hasta principios de 2027. Mientras tanto, la comunidad judicial mantiene la preocupación por las condiciones de trabajo en un edificio que, según los informes técnicos, se encuentra al límite de su capacidad operativa.
