El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, aprobado en junio y publicado recientemente, señala las dificultades que enfrentan los municipios gaditanos con más de 50.000 habitantes para poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y cumplir con la Ley 7/2021 de Cambio Climático y el Real Decreto posterior. Estas zonas implican la restricción del tráfico rodado en perímetros urbanos para reducir la contaminación.
La normativa obliga a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a tener sus ZBE operativas. En la provincia de Cádiz, esto afecta a ciudades como Algeciras, Cádiz, Chiclana, Jerez, La Línea, El Puerto Santa María, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda. El informe, aunque extemporáneo, evidencia retrasos significativos y carencias en los proyectos presentados.
A fecha de 31 de marzo de 2025, ninguna ciudad de la provincia tenía su ZBE completamente en marcha, a pesar de que la ley fijaba esa fecha límite. A nivel andaluz, solo 10 de los 30 municipios obligados cumplieron en tiempo y forma. El trabajo de campo concluyó el 15 de septiembre de 2025, momento en el que solo La Línea, Chiclana y Jerez contaban con un proyecto técnico. La situación ha evolucionado, con San Fernando aprobando su ordenanza en febrero, aunque la implantación práctica sigue pendiente.
En el entorno de la Bahía de Cádiz, solo Cádiz y Chiclana han iniciado sus ZBE, pero aún en periodo de prueba y sin sanciones. Jerez también está operativa desde febrero, notificando incumplimientos sin multar. La Línea funciona desde febrero, mientras que en Sanlúcar el proyecto no ha sido aprobado y en El Puerto los trámites continúan.
El informe también destaca importantes carencias en los proyectos. En Jerez y La Línea, no se evaluaron los niveles de contaminación previos ni el impacto ambiental, ni se realizaron mapas de ruidos o estudios de opinión. Solo Chiclana cumplió todos los criterios en este aspecto. La Cámara de Cuentas también señala la ausencia de análisis jurídicos, memorias económicas y estudios de impacto social y de género en estas ciudades.
La formación política VOX ha presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Chiclana y San Fernando, argumentando omisiones fundamentales en la elaboración de las ZBE.
