La provincia de Cádiz, y en particular Chiclana, enfrenta un grave problema de desarrollos urbanísticos al margen de la ley. Estos asentamientos ilegales, a menudo en suelo rústico donde la edificación está prohibida, carecen de servicios esenciales como agua, luz o recogida de basuras, generando una problemática social y legal significativa. La Fiscalía y los ayuntamientos están intensificando los esfuerzos para controlar y erradicar estas prácticas.
En el último semestre, el Ayuntamiento de Chiclana ha detectado y precintado un total de 15 parcelaciones irregulares, abarcando casi 100.000 metros cuadrados y un centenar de parcelas donde ya se estaba construyendo. La preocupación aumenta ante el tamaño de estas fincas, algunas superando los 10.000 metros cuadrados, que se segmentan y venden ilegalmente a través de supuestas 'cooperativas'.
En cuanto a las medidas de disciplina urbanística, se han acordado 26 demoliciones en este último semestre, una cifra que representa un incremento importante respecto al año anterior. La proliferación de viviendas prefabricadas, a menudo equipadas con todo tipo de prestaciones como piscinas y suministro eléctrico, también es una práctica ilegal que las administraciones están combatiendo.
Los procedimientos judiciales derivados de estas infracciones pueden culminar en sentencias condenatorias. Un ejemplo reciente es la condena a una pareja en Cádiz a un año y ocho meses de prisión, multa y inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio. La sentencia detalla la división de un terreno y la construcción de viviendas de varias plantas y piscinas en suelo clasificado como no urbanizable.
El fallo judicial subraya que las construcciones se realizaron a sabiendas de la clasificación del suelo. Aunque la pena de prisión sea inferior a dos años y no implique ingreso directo, los condenados acumulan antecedentes penales y deberán demoler las edificaciones y pagar la multa impuesta, además de la inhabilitación para profesiones relacionadas con la construcción.
