La propuesta, anunciada en Cádiz, surge en un contexto de solidaridad con dos operarios que permanecen en una grúa en las instalaciones de Navantia en San Fernando. Estos trabajadores creen que su exclusión de la industria auxiliar del metal se debe a su inclusión en presuntas listas negras.
“"No puede haber listas negras en las empresas sobre gente que está comprometida sindicalmente. Eso tiene que erradicarse, va en contra del derecho fundamental de la libertad sindical y va en contra de la democracia."
La iniciativa busca modificar el Estatuto de los Trabajadores, específicamente su artículo 4, para prohibir la persecución por motivos sindicales y defender el derecho de los empleados a ejercer una función reconocida como fundamental en la Constitución. De esta manera, se proscribirían las listas negras utilizadas para discriminar la afiliación y el compromiso sindical.
Adicionalmente, la proposición plantea una modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social. En su artículo 8, se establecería como infracción muy grave la creación o discriminación mediante listas que contengan datos personales sobre la afiliación sindical de los trabajadores, al considerar que estas prácticas se utilizan para discriminar en el acceso al mercado laboral.
