La iniciativa, aprobada el pasado 14 de abril mediante real decreto, busca regularizar la situación de aproximadamente 500.000 personas en España. Sin embargo, la implementación en la provincia de Cádiz se enfrenta a importantes desafíos debido a la escasez de personal y medios materiales.
Un portavoz de una asociación que ofrece ayuda a los migrantes ha señalado que, desde la publicación de la medida, han recibido llamadas de casi 800 personas interesadas en la regularización. Esta organización cuenta con el apoyo de diversas ONG de la provincia y del sector agrícola gaditano, que ve en esta medida una oportunidad para paliar la falta de mano de obra.
“"No tengo claro que se hayan puesto a disposición los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar esta avalancha de solicitudes. A mí me parece que no les ha dado tiempo a organizar el sistema para que pueda dar respuesta."
El sindicato policial SUP Cádiz ha expresado su profunda preocupación por la situación. Un portavoz del sindicato ha denunciado que las solicitudes llegarán como un “tsunami” y que sería necesario duplicar el personal actual en Cádiz para ofrecer una respuesta adecuada. También ha advertido sobre la posibilidad de “colas interminables” en ayuntamientos como el de Algeciras para la expedición de la documentación necesaria.
“"Si no se incrementa la plantilla, esto va a ser un desastre porque si se tienen que tramitar 200 expedientes y se tramitan 14... Imagínate la desesperación que pueden sentir estas personas, y con toda la razón del mundo reclamarán."
Entre los requisitos indispensables para la regularización se encuentra la carencia de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad pública. La obtención del certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia en los últimos cinco años es uno de los pasos más complejos, ya que muchos solicitantes carecen de una red de representación consular.
La medida, que entró en vigor el 16 de abril, se espera que beneficie a medio millón de personas. En Cádiz, una asociación ya gestiona alrededor de 400 solicitudes, destacando la necesidad de esta regularización para integrar a una importante masa de migrantes en el mercado laboral, especialmente en el sector agrícola, donde existe una gran demanda de mano de obra.
