El dispositivo, ejecutado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se ha desarrollado en dos fases diferenciadas. La intervención ha permitido el bloqueo de cinco cuentas bancarias y el embargo de cuatro inmuebles, además de siete vehículos de alta gama, incluyendo seis turismos y una motocicleta.
Las investigaciones iniciales, iniciadas por el Grupo Local de Estupefacientes, se centraron en una red de distribución de estupefacientes en la provincia de Cádiz. Durante esta etapa, se realizaron nueve registros, destacando la inspección de una nave industrial que servía como centro logístico para la droga y como tapadera para legitimar los ingresos ilícitos.
El análisis patrimonial posterior reveló un entramado empresarial complejo utilizado para ocultar el origen del dinero. Según los investigadores, las actividades declaradas por los implicados, como talleres de chapa y pintura o el alquiler turístico, no justificaban el volumen de activos acumulado, valorado en más de un millón de euros.
