La decisión de la DGT se produce después de que el afectado presentara una reclamación, argumentando que las señales de tráfico en el tramo indicaban un límite de velocidad de 100 km/h, mientras que el radar de tramo lo fijaba en 80 km/h. Esta contradicción llevó a la imposición de sanciones por superar el límite establecido por el dispositivo.
Las resoluciones, fechadas el 5 de marzo de 2026, dejan sin efecto las multas, que ascendían a 300 euros en un caso y 100 euros en el otro, para el mismo conductor. La DGT ha accedido a la revocación de oficio, basándose en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
“"A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente, se llega a la conclusión de que en el caso que se examina, no es procedente la imposición de la sanción a que se refiere el mismo, por lo que se acuerda su revocación de oficio."
Los hechos se originaron cuando un empleado de la empresa Arreza Seguros recibió las dos multas tras circular por el tramo regulado el 22 de septiembre y el 15 de octubre del año anterior. La empresa ha alertado sobre la posibilidad de que otras personas hayan pagado multas que podrían ser consideradas “ilegales” bajo las mismas circunstancias.
En la provincia de Cádiz, la DGT tiene instalados hasta siete radares de tramo en diversas carreteras, incluyendo la propia A-7, la N-340, la CA-35, la CA-33, la A-48, la A-384 y la A-2001. Estos sistemas calculan la velocidad media de los vehículos entre dos puntos, sancionando si se supera el límite establecido.
