El espacio cultural retomará su actividad con una programación centrada en artistas locales. La decisión del gobierno municipal de conservar la denominación histórica del recinto ha generado una notable controversia en el ámbito político y social de la ciudad, al vincularse el nombre con figuras históricas objeto de debate en el marco de la Ley de Memoria Democrática.

Desde el equipo de gobierno local se argumenta que nunca se completó un procedimiento administrativo oficial para modificar el nombre del espacio, a diferencia de otros equipamientos públicos de la capital gaditana. Esta postura ha sido cuestionada por diversos colectivos memorialistas, que consideran que el mantenimiento de esta denominación contraviene la normativa vigente sobre memoria histórica.

La polémica ha escalado hasta el ámbito judicial, con el anuncio por parte de asociaciones memorialistas de presentar una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Memoria Democrática. Los colectivos sostienen que las instituciones públicas deben evitar reconocimientos a personas vinculadas con la represión del golpe de Estado de 1936.

El debate se produce en un contexto de tensiones internas sobre la gestión de los honores y nombres de espacios públicos en Cádiz. Mientras el ejecutivo local defiende la recuperación del teatro como un activo cultural para la ciudadanía, la oposición y las entidades memorialistas exigen una revisión de los criterios de distinción institucional.