Un representante de Adelante Andalucía, quien es candidato al Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, ha puesto de manifiesto la “grave situación” que enfrentan los residentes de la calle Explanada. Numerosas familias habitan en inmuebles que presentan serios daños estructurales, lo que compromete su seguridad y bienestar.
Tras una inspección de las viviendas, se ha confirmado el deterioro de las propiedades y la “situación límite” que viven las familias. Desde la formación se ha calificado la situación como una “auténtica emergencia habitacional” que demanda una respuesta urgente de las administraciones. Se ha instado al alcalde de Cádiz a tomar medidas inmediatas y a dialogar directamente con los afectados.
“"Le pido al alcalde que pase cinco minutos dentro de una de estas viviendas. Si lo hace, solo hay dos opciones: o actúa de inmediato o demuestra que no está a la altura de la responsabilidad que exige su cargo."
La formación también ha señalado a la anterior gestión municipal como el origen de esta problemática, indicando que durante ese periodo se impulsó un proceso que, según ellos, obligó a los vecinos a adquirir estas viviendas bajo la amenaza de quedarse sin alternativa habitacional. Se ha afirmado que se vendieron como solución inmuebles que ya presentaban fallos estructurales conocidos, utilizando el “miedo para forzar la compra”.
Además, Adelante Andalucía ha criticado la inacción del Ayuntamiento de Cádiz, que es propietario de varias viviendas y locales desocupados en la misma finca. Esta situación, según la formación, obliga al Consistorio a intervenir directamente. Se ha acusado tanto al Gobierno municipal como a la Junta de Andalucía de favorecer dinámicas que resultan en la expulsión de los residentes de sus barrios, un patrón que, según ellos, ya se ha observado en otras áreas de Cádiz.
Ante esta situación, Adelante Andalucía ha anunciado que llevará este asunto al Pleno municipal del próximo mes de mayo y también al Parlamento andaluz. Sus compromisos incluyen la creación de una comisión de seguimiento, la exigencia de explicaciones y medidas concretas al equipo de Gobierno, y la visibilización de esta problemática en el marco del 1 de mayo para situarla en el centro del debate social.
