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Denuncian condiciones inasumibles en viviendas de protección oficial en Cádiz

Una formación política critica a la Junta de Andalucía y al gobierno municipal por permitir promociones que excluyen a familias trabajadoras.

Imagen genérica de un micrófono en un atril durante una declaración política.
IA

Imagen genérica de un micrófono en un atril durante una declaración política.

Una formación política ha denunciado las condiciones económicas de las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) en Cádiz, calificándolas de “inasumibles” para las familias trabajadoras y criticando la gestión de la Junta de Andalucía y el gobierno municipal.

La formación política Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha expresado su preocupación por las condiciones de las nuevas VPO en la promoción de Los Chinchorros, argumentando que este modelo excluye a quienes deberían ser sus principales beneficiarios: las familias trabajadoras de Cádiz.
La crítica surge tras el testimonio de una familia inscrita en el registro de demandantes de Procasa que, a pesar de tener ingresos estables, se vio obligada a rechazar una de estas viviendas. El desembolso inicial de 74.000 euros en 17 meses, sumado a la incertidumbre de la hipoteca futura, hace inviable el acceso a estas propiedades.

"Lo que estamos viendo en Cádiz es una perversión absoluta del concepto de vivienda protegida. No puede ser que una VPO funcione en la práctica como una vivienda de mercado libre, con exigencias económicas que expulsan a las familias con ingresos medios y bajos."

la portavoz adjunta de AIG
La formación también ha criticado la política de vivienda de la Junta de Andalucía, acusándola de “abandonar su responsabilidad de garantizar el acceso real a la vivienda” y de permitir promociones que, bajo el paraguas de VPO, responden a “lógicas especulativas”.
Se ha reiterado el rechazo al decreto-ley de vivienda 1/2025 de la Junta de Andalucía, que amplía el límite de ingresos para acceder a vivienda protegida hasta siete veces el IPREM. Esta modificación, junto con la posibilidad de que estas viviendas pasen a régimen de renta libre en siete años, es vista como un “cambio de enfoque preocupante”.
La coalición alerta que esta situación es grave, ya que Cádiz se enfrenta al riesgo de perder importantes subvenciones estatales si su población desciende por debajo de los 100.000 habitantes. Cada familia que se ve forzada a marcharse por la falta de vivienda asequible representa un golpe para el futuro de la ciudad.