Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional, ha compartido reflexiones sobre la naturaleza de las democracias y su vulnerabilidad intrínseca, señalando que "las democracias también pueden morir desde dentro". Sus palabras resuenan con la historia de las constituciones españolas, desde la longeva Carta Magna de 1978 hasta la histórica Constitución de Cádiz de 1812.
En una conversación en la sede del Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido evocó los orígenes de su linaje familiar, que se remonta a Cádiz en 1818 con su tatarabuelo Belisardo Pumpido, quien españolizó su apellido francés y se convirtió en uno de los primeros oficiales de la Guardia Civil. Esta conexión histórica, que une a su familia con la ciudad gaditana a través de varias generaciones, subraya la profunda huella de Cádiz en la historia constitucional de España.
El presidente del Tribunal Constitucional destacó la importancia de la Constitución de Cádiz de 1812, calificándola como "el germen del constitucionalismo español". Subrayó que, a pesar de su corta vigencia, sus principios inspiraron constituciones posteriores y siguen siendo fundamentales. Mencionó el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz como un lugar de gran carga histórica para un constitucionalista.
Conde-Pumpido recordó su propia trayectoria, marcada por la lucha contra el terrorismo de ETA, primero como magistrado en el País Vasco y luego como Fiscal General del Estado. Resaltó la "acción conjunta de los tres poderes del Estado" para la ilegalización de partidos políticos afines a ETA como un hito crucial en la historia de España y una de las mayores satisfacciones de su vida.
Asimismo, abordó la fundación de la asociación Jueces para la Democracia, heredera de grupos que abogaban por la transición democrática durante la dictadura, y defendió que su objetivo era la defensa de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, no la politización de la judicatura.
El presidente del Tribunal Constitucional también hizo referencia a la importancia del artículo 303 de la Constitución de Cádiz, que supuso la abolición del tormento y sentó las bases para el respeto a la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Comparó esta base con la ley de peligrosidad social de la dictadura, declarada inconstitucional por el Tribunal, que permitía detenciones prospectivas.
Finalmente, Conde-Pumpido describió el procés catalán como el "segundo momento más delicado para la democracia" en el que el Tribunal Constitucional tuvo que sostener al Estado, anulando leyes del referéndum y declarando la constitucionalidad de la aplicación del artículo 155, actuando con "toda la energía necesaria para detener una acción ilegal contra la democracia".
