La Fiscalía de Medio Ambiente de Algeciras presentó a principios de 2025 una denuncia ante los juzgados de La Línea de la Concepción por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y los recursos naturales. Se estima que estos rellenos podrían haber destruido hábitats marinos en una zona de especial protección.
Sin embargo, el titular del juzgado acordó el archivo del procedimiento el pasado 23 de enero, una decisión que fue recurrida en febrero por la Fiscalía ante la Audiencia de Cádiz. Este proceso se inició a raíz de una denuncia presentada en octubre de 2024 por una organización ecologista.
La fiscal coordinadora de Medio Ambiente de Algeciras incoó diligencias de investigación, ordenando a la Guardia Civil que practicara las investigaciones oportunas. El informe de los agentes, entregado en noviembre de 2024, señalaba problemas generados por el Eastside Project y por un precedente anterior, las Hassan Towers, también construidas sobre terrenos ganados al mar.
La Fiscalía también encargó un informe al Instituto Español de Oceanografía (IEO) para realizar un seguimiento biológico de la zona, pero las autoridades de Gibraltar impidieron su realización. El Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil dejó constancia de la imposibilidad de evaluar los daños debido a la intervención de las fuerzas de seguridad gibraltareñas.
“"La imposibilidad de realizar una evaluación de los daños producidos, al haber resultado inviable la realización de seguimiento científico alguno en la zona de ejecución del proyecto por parte de los investigadores del Instituto Español de Oceanografía que tenían encomendada dicha tarea, debido a la intervención de las fuerzas de seguridad de Gibraltar."
El IEO, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del CSIC, es la principal institución pública dedicada a la investigación en ciencias del mar en España y asesora al Gobierno español, las comunidades autónomas y la Unión Europea en sostenibilidad de recursos pesqueros y protección del medio ambiente marino.
El Ministerio Público elaboró un detallado escrito de denuncia que recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Línea. Inicialmente, el juzgado se declaró incompetente y remitió la causa a la Audiencia Nacional, pero la Fiscalía logró que esta devolviera el caso a su origen, argumentando la afección de los rellenos sobre La Línea.
Ahora, la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, debe decidir si se alinea con el criterio de la Fiscalía. De ser así, el caso regresaría al juzgado de La Línea y se reclamaría nuevamente el informe pendiente del IEO para evaluar científicamente la afección de los rellenos. La cuestión pendiente es si las fuerzas de seguridad españolas protegerían a los miembros del IEO frente a la presión de las patrullas gibraltareñas.
El reciente Acuerdo de Gibraltar, aún pendiente de ratificación, no aborda el litigio sobre las aguas que rodean el Peñón, no cedidas por España en el Tratado de Utrecht. La ausencia de menciones a este asunto espinoso en el texto del acuerdo sugiere una oportunidad perdida para defender la soberanía y los intereses españoles.
