La recién aprobada Ley 4/2026, de Patrimonio Cultural de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), establece un marco más restrictivo para el uso de detectores de metales. El objetivo principal es evitar el expolio de restos arqueológicos, especialmente en provincias como Cádiz, donde el subsuelo y el entorno marítimo albergan un importante legado histórico.
La normativa prohíbe explícitamente el uso de estos dispositivos en playas y en las denominadas zonas de servidumbre de protección, áreas con alto riesgo de hallazgos históricos. Esto implica que actividades recreativas, como la búsqueda de monedas, podrían ser sancionadas si no se cuenta con la autorización pertinente. La administración regional subraya que el problema radica en el riesgo que esta práctica supone para el patrimonio histórico y arqueológico.
“"El problema no es el uso en sí, sino el riesgo que supone para el patrimonio histórico y arqueológico."
A pesar de la prohibición general, la ley contempla excepciones para organismos como la Administración del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente. También se permite su uso a empresas de suministros básicos y entidades mineras, siempre bajo supervisión y con autorización previa. En caso de encontrar algún vestigio arqueológico, la actividad debe detenerse y comunicarse a las autoridades en un plazo máximo de 24 horas.
Las sanciones por incumplimiento se han endurecido significativamente. Las infracciones leves pueden acarrear multas de hasta 10.000 euros, mientras que las graves alcanzan los 150.000 euros. En situaciones de daño irreversible o expolio en zonas protegidas, las multas podrían ascender hasta un millón de euros, lo que demuestra el firme compromiso de la Junta de Andalucía con la conservación del patrimonio.
La provincia de Cádiz, con enclaves como Cádiz capital, Sancti Petri o Trafalgar, es una de las zonas bajo especial vigilancia debido a su riqueza arqueológica. Estos espacios, muchos de ellos vinculados a yacimientos subacuáticos o antiguos asentamientos, estarán sujetos a una supervisión más estricta para proteger un legado que pertenece a toda la sociedad.
