La polémica generada en torno a las viviendas protegidas en Los Chinchorros ha llevado al Ayuntamiento de Cádiz a clarificar su implicación. El equipo de gobierno ha explicado que las 55 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de venta a precio limitado, actualmente en construcción, son una iniciativa de una empresa privada y no se desarrollan sobre suelo municipal.

Según la información proporcionada, la empresa pública Procasa, encargada de la gestión de vivienda en la ciudad, se limita a facilitar a la promotora privada el listado de demandantes inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida que cumplen con los requisitos establecidos. Este listado incluye 55 titulares y dos listas de reserva, sumando un total de 165 posibles adjudicatarios.

Los interesados en estas viviendas deben cumplir condiciones como no poseer otra propiedad y tener ingresos máximos de 5,5 veces el IPREM. Esta operación, que establece un régimen de protección que impide la venta o alquiler a terceros durante siete años, fue acordada en febrero de 2023 durante el anterior mandato municipal.

En contraste con esta promoción privada, el Ayuntamiento sí está desarrollando activamente 28 viviendas protegidas en régimen de alquiler social en la misma zona de Los Chinchorros, específicamente en una parcela en Marqués de Crópani. Estas unidades tendrán precios de alquiler asequibles, con un máximo de 423 euros mensuales para pisos de tres dormitorios, ajustándose a la baja según los ingresos de los adjudicatarios y los criterios de los servicios sociales.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia municipal más amplia para aumentar el parque público de viviendas en alquiler social, con el 94% de las promociones de Procasa destinadas a este régimen. Además de Marqués de Crópani, se están llevando a cabo actuaciones en otras ubicaciones como García de Sola, la avenida Marconi, Sagasta, Pericón de Cádiz, Calderón de la Barca, San Juan Bautista, el barrio de Puntales, la calle Merced y la primera fase de Tácita de Plata, todas ellas enfocadas en el alquiler social asequible.

El objetivo principal de estas acciones es responder a la demanda de vivienda en Cádiz, especialmente entre jóvenes y colectivos con dificultades para acceder al mercado inmobiliario, promoviendo un modelo que amplíe el parque público y facilite el acceso a una vivienda en condiciones económicas asumibles.