La formación política ha manifestado su inquietud tras la denuncia presentada por el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SipAn) contra el Ayuntamiento de San Fernando ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Los populares instan al gobierno municipal a actuar con la máxima transparencia y a proporcionar información inmediata y veraz sobre los hechos denunciados.
Según la reclamación del SipAn, la concejala de Seguridad Ciudadana habría accedido a una aplicación policial que permite consultar información personal de los ciudadanos, incluyendo incidencias policiales, diligencias y atestados judicializados, así como otros datos sensibles. El sindicato considera que este acceso se habría producido sin las garantías adecuadas, lo que podría constituir una clara vulneración de la normativa de protección de datos.
“"Los datos personales de los isleños no son un recurso al servicio de ningún cargo político."
El Partido Popular subraya que la privacidad de los vecinos es innegociable y que cualquier cargo público que acceda a información personal de los ciudadanos al margen de la legalidad vigente debe asumir las consecuencias. La formación política enfatiza que los ciudadanos tienen derecho a conocer quién gestiona su información personal y con qué propósitos.
Ante la gravedad de la situación, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ya ha iniciado actuaciones para investigar los hechos. El Partido Popular exige al gobierno municipal tres acciones concretas: una comparecencia urgente de la alcaldesa para ofrecer una explicación pública y detallada, la suspensión cautelar del acceso a la aplicación policial hasta la conclusión de la investigación, y la plena colaboración del gobierno local con el organismo autonómico, haciendo públicas las conclusiones del proceso.
El PP de San Fernando considera que, de confirmarse los hechos denunciados por el SipAn, no se trataría de un error administrativo, sino de un problema de fondo en la concepción del ejercicio del poder por parte del gobierno. La transparencia y el respeto a la privacidad de los ciudadanos son obligaciones legales y éticas que no admiten excepciones.
