La Corporación Municipal de Chiclana aprobó en el Pleno de agosto la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y mejoras de las instalaciones de alumbrado público y del sistema de telegestión municipal. La empresa chiclanera Moneleg ha sido adjudicataria del contrato por un importe anual de 657.030 euros, con una duración inicial de tres años, prorrogable a cinco. La propuesta contó con los votos favorables del PSOE, IU, PP y concejales no adscritos, mientras que Vox se abstuvo.
La delegada municipal de Mantenimiento Urbano y Energía, Mari Ángeles Martínez Rico, destacó la importancia de este servicio esencial, señalando que el nuevo contrato representa un mayor esfuerzo económico e incluye 873 puntos de luz adicionales respecto al anterior. "Tenemos más puntos de luz, más instalaciones que mantener y, sobre todo, tenemos por delante más proyectos de iluminación que queremos seguir desarrollando", afirmó.
Martínez Rico explicó que se están elaborando nuevos proyectos de iluminación y poniendo en marcha actuaciones para "seguir transformando la ciudad", llevando servicios públicos a más lugares donde las condiciones urbanísticas lo permiten.
En otro punto, el Pleno aprobó por unanimidad la modificación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles para apoyar al sector agrícola. La delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez, señaló que esta medida establece un beneficio fiscal para inmuebles vinculados a la actividad agrícola, reconociendo el papel de la agricultura en la sostenibilidad y poniendo en valor los productos locales.
Asimismo, se aprobó una cuarta modificación de crédito por valor de 420.557,17 euros, destinada a diversas delegaciones como Cultura, Fomento, Servicios Sociales, Turismo, Deportes, Fiestas, Hacienda, Mantenimiento Urbano, Policía Local y Presidencia. Esta propuesta recibió el apoyo de PSOE, IU y concejales no adscritos, con la abstención de PP y Vox.
Dos propuestas del PSOE fueron aprobadas por unanimidad: una sobre la financiación del sistema de dependencia y otra relativa a la atención integral del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Ambas instan a la Junta de Andalucía a cumplir sus competencias.
El delegado de Servicios Sociales, Francis Salado, solicitó la reducción de listas de espera en la dependencia, la mejora de la calidad de las prestaciones y las condiciones laborales de las cuidadoras.
La delegada de Educación, María José Batista, subrayó la necesidad de cubrir todas las plazas de profesorado técnico de servicios a la comunidad (PTIS), profesorado de pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL), así como ratios fijas por alumnado NEAE.
