La firma de abogados que representa a la asociación de víctimas del descarrilamiento de Adamuz ha confirmado que están estudiando la viabilidad de interponer una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Esta decisión se fundamenta en el atestado de la Guardia Civil, que señala la rotura del carril como la causa principal del accidente que provocó 46 fallecidos en la localidad cordobesa.
El informe de la Guardia Civil, enviado a la jueza de Montoro que investiga el caso, concluye que no se encontraron anomalías en los trenes implicados, lo que refuerza la hipótesis de la infraestructura como origen del suceso. Un portavoz de la asociación de víctimas ha indicado que esta reclamación es paralela al procedimiento judicial en curso y se concretará una vez que la investigación avance y se confirmen las responsabilidades.
“"Después de leer el informe, estamos analizando la posible responsabilidad patrimonial que, en caso de que se confirme esta circunstancia en posteriores informes, podría ser exigible al responsable del mantenimiento de la infraestructura, en este caso Adif."
Asimismo, los abogados de las víctimas han recurrido la petición de la jueza de unificar las acusaciones populares, argumentando que esta medida podría comprometer su estrategia de defensa y vulnerar los derechos de los afectados. Han recordado precedentes en los que se ha denegado la acumulación de acusaciones en casos con un elevado número de partes implicadas.
La investigación se encuentra en una fase inicial, y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) aún no ha comenzado el análisis de los elementos recuperados en el lugar del accidente. Además, el nombramiento de los peritos judiciales ha sido recurrido por una de las familias de las víctimas, debido a posibles conflictos de interés con empresas que realizaron obras en el tramo afectado.
