El colectivo denuncia que fallos sistémicos en los servicios de emergencia 061 y 112 pudieron haber agravado las consecuencias del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Según un escrito al que ha tenido acceso este periódico, el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba se vio forzado a atender la catástrofe "con papel y lápiz" debido a un bloqueo del sistema informático.
La denuncia detalla que los gestores tuvieron que recurrir a sus "teléfonos particulares" y operar "sin contacto con el centro coordinador 112" tras la avería de las herramientas habituales. La asociación subraya que solo la "pericia" y "muchísimos años de experiencia" del personal evitaron una tragedia aún mayor, calificando la situación como un "caos" desde el punto de vista técnico.
Solo la actuación de los profesionales, con muchísimos años de experiencia, hizo posible sacar adelante lo que desde el punto de vista técnico fue un caos.
El escrito también menciona una "confusión inicial" en la gestión de las alertas, ya documentada por la Guardia Civil. Debido al alto volumen de llamadas, las informaciones sobre el tren Alvia se interpretaron inicialmente como un accidente "de menor gravedad" o se confundieron con el tren Iryo descarrilado.
Además, la queja presentada a Juanma Moreno indica que fuentes cercanas al operativo aseguran que no se cumplieron los "protocolos básicos" de comunicación, como la identificación de los focos del siniestro y el estado de las víctimas. Los datos precisos sobre los afectados en el Alvia no se incorporaron al sistema hasta 43 minutos después del accidente, cuando llegó la Guardia Civil. La asociación advierte que esta "falta de coordinación y asistencia inmediata" podría haber provocado "más víctimas, más heridos y de mayor gravedad".
Ante lo que consideran una "función anormal de la Administración Pública", las víctimas han formalizado cuatro solicitudes urgentes: una revisión inmediata del plan de actuación del 061 y 112, la entrega de un informe detallado sobre lo sucedido, una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades políticas y jurídicas, y el traslado de las actuaciones relacionadas con estas peticiones. Paralelamente, la denuncia ha sido presentada ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y el Defensor del Pueblo Andaluz, y se dará traslado a la jueza Cristina Pastor Recover, quien investiga el accidente.
