La ingenuidad no tiene cabida cuando se han cometido fallos significativos, cuyas consecuencias han recaído injustamente sobre personas inocentes. Resulta sorprendente la capacidad de algunos responsables para conciliar el sueño sin remordimientos, a pesar de las graves repercusiones de sus acciones.

La virtualidad del dinero, que se percibe como una cifra irreal en una pantalla, ha desdibujado su valor real, aquel que representaba horas de trabajo y ahorro. Cuando este desaparece o disminuye debido a un caso de corrupción, el responsable podría enfrentar la justicia, pero el capital se pierde irremediablemente. Con él, se esfuma el esfuerzo de quienes pagaron impuestos, esperando que sus contribuciones se destinaran a fines significativos.

Tres meses después de un trágico suceso que conmocionó a España desde Adamuz, las investigaciones sugieren que la infraestructura ya había mostrado señales de problemas. Además, se plantea que ciertos elementos retirados sin autorización judicial podrían constituir pruebas cruciales para el esclarecimiento de los hechos.

El cerco se estrecha en torno a la posibilidad de que el incidente pudo haberse evitado, y que las entidades responsables de la infraestructura y el transporte podrían haber actuado con mayor diligencia. Sin embargo, la respuesta se ha limitado a justificaciones y la creación de plataformas para desmentir rumores, sin abordar la magnitud de las 46 vidas perdidas y las muchas otras marcadas para siempre. Estas tragedias no se recuperan con impuestos ni deudas públicas.