Tres meses después del trágico descarrilamiento en Adamuz, que costó la vida a 46 personas el pasado 18 de enero, la Guardia Civil ha dirigido su investigación hacia las deficiencias en la infraestructura ferroviaria. Un informe reciente de la Policía Judicial, entregado al Juzgado de Montoro, señala la rotura de un raíl o una soldadura como la principal hipótesis del suceso.

El informe descarta categóricamente otras posibilidades como sabotaje, terrorismo o imprudencia por parte de los maquinistas. La atención se centra ahora en el estado de la vía, cuya competencia recae en Adif, y en las actuaciones realizadas por la empresa del Ministerio de Transportes tras conocerse la tragedia.

Aunque no se ha podido determinar si la rotura del raíl precedió a la de la soldadura o viceversa, se ha documentado que uno de los trenes que circuló por la zona el mismo día reportó un "golpe en el lado derecho". Además, el Centro de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) detectó "muescas compatibles con una rotura de raíl" en varios trenes que transitaron previamente por el tramo afectado.

La soldadura rota, ubicada en el PK 318+681, fue realizada por un trabajador con experiencia de la empresa Maquisaba. Sin embargo, la normativa de Adif establece que para la unión de cupones usados con nuevos se debe aplicar una soldadura específica (R260), y se sospecha que se utilizó un kit de fuerza erróneo. Un correo del presidente del CIAF también reveló "distintas incongruencias" en la documentación de las soldaduras, incluyendo dudas sobre la validez de las firmas.

La investigación también explora la posibilidad de defectos de fabricación en el acero de los raíles, como una composición química inadecuada o anomalías de origen que pudieran haber provocado un desgaste prematuro y la fractura. Se analiza si la ausencia de un control estricto o un exceso de carbono en el acero pudo haber contribuido a la fragilidad del material.

Otro punto crítico es la custodia de los cupones de raíl recogidos como prueba. Se ha señalado que no tuvieron la debida custodia policial. Un responsable de la Base de Mantenimiento del AVE de Hornachuelos declaró como testigo ante la Guardia Civil que se le ordenó cambiar unos cupones de 36 metros próximos a la zona del accidente sin justificación técnica, lo que añade una capa de complejidad a la investigación.