Los allegados de Raquel, una abogada malagueña de 32 años, se encuentran en una compleja situación legal y administrativa. Su padre, Alberto, ha expresado la urgencia de que un juzgado de Málaga les conceda la curatela provisional, una figura legal similar a la patria potestad que les permitiría representarla en el procedimiento judicial abierto en Montoro y gestionar los recursos económicos necesarios para su atención médica.
La solicitud de curatela fue presentada a principios de marzo por el despacho del abogado Daniel García Prieto. El letrado ha indicado que el juzgado ha solicitado documentación adicional sobre los familiares y que están a la espera de nuevos avances procesales. Esta autorización es crucial, ya que condiciona la capacidad de la familia para intervenir en el proceso judicial y para acceder a las ayudas destinadas a cubrir los gastos sanitarios.
“"Va a ser largo. Raquel necesita ayuda por lo de Adamuz y estamos en un limbo legal."
La situación se torna más apremiante ante la posibilidad de que Raquel sea trasladada próximamente de la UCI a un centro privado, lo que implicaría costes muy elevados. Aunque la aseguradora podría cubrir parte de estos gastos, se requiere un representante legal para gestionar el proceso. Hasta el momento, la familia ha recibido una ayuda de 20.000 euros, que consideran insuficiente para la magnitud de los gastos.
El pequeño Teo nació el pasado sábado, tres meses después del accidente ferroviario, aportando un "rayito de esperanza" en este difícil momento. Raquel estaba embarazada de cuatro meses cuando ocurrió el siniestro, en el que viajaba con su pareja, su hermana y su perro Boro. Aunque la evolución de Raquel es favorable, le espera un largo camino de recuperación. Su pareja, Iván, ha enfatizado la necesidad de contar con todos los medios posibles para su rehabilitación, destacando que la curatela no solo facilitaría el proceso judicial, sino que también garantizaría la cobertura económica indispensable para su estado.
