La campaña del PSOE en Andalucía se centra en la recuperación de los servicios públicos, argumentando un deterioro durante las últimas legislaturas. Sin embargo, esta postura contrasta con la gestión socialista previa, que durante 36 años estuvo al frente de la Junta de Andalucía.
Un ejemplo claro de esta contradicción se observa en las críticas hacia la externalización del servicio de emergencias 112. El PSOE ha cuestionado la celeridad de la respuesta del 112 en el trágico descarrilamiento de trenes ocurrido el 18 de enero en Adamuz, atribuyendo posibles deficiencias a su modelo de gestión externalizada.
Curiosamente, el servicio del teléfono único de urgencias y emergencias 112 fue creado por la propia Junta de Andalucía en 2001, bajo un gobierno socialista. Este modelo, que permitía convenios con entidades públicas o privadas para la prestación del servicio, se mantuvo sin cambios durante los 17 años siguientes de gobierno socialista.
“"Se trata también de un sistema integrado de respuesta, que se presta a través de un teléfono único y gratuito en todos los países de la Unión Europea. Y de un sistema integral, señorías, que ofrece a toda la ciudadanía, entidades públicas y privadas, el acceso rápido, sencillo y eficaz a los servicios públicos de urgencias y emergencias, cualquiera que sea la administración pública o la entidad de la que dependan."
Además de las críticas al 112, el discurso del PSOE también se ve afectado por otros eventos, como el apagón eléctrico que afectó a España el 28 de abril de 2025, cuando la actual aspirante a la presidencia formaba parte del Consejo de Ministros. Asimismo, las huelgas de médicos contra el Gobierno nacional han generado un impacto financiero significativo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), con una pérdida de 1,2 millones de actos asistenciales y un coste superior a los 118 millones de euros.
La falta de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados desde 2024, responsabilidad de la ministra de Hacienda, también añade complejidad al mensaje del PSOE sobre la garantía de los servicios públicos.
