Esta postura de la Comisión Europea surge como respuesta a una consulta del Partido Popular Europeo (PPE), que cuestionaba el estado de la vía tras un trágico accidente en Adamuz, Córdoba, el 18 de enero, donde fallecieron 46 personas. La pregunta se centraba en si se había evaluado el deterioro de los elementos de la vía antes de destinar 111.646.340 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para la sustitución de raíles y traviesas.
El vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reforma, Raffaele Fitto, en su comunicación al eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido, aclaró que la normativa comunitaria permite el uso de tecnologías o infraestructuras obsoletas en la red de alta velocidad. Sin embargo, esta autorización está supeditada a que el Gobierno del Estado miembro asegure la implementación de medidas de seguridad adicionales que compensen la antigüedad de dichos elementos.
“"La responsabilidad principal de prevenir, detectar y corregir cualquier irregularidad recae en los Estados miembros, que están obligados a establecer sistemas eficaces de gestión y control, incluidas las medidas de lucha contra el fraude."
Bruselas había asignado una importante suma para la renovación de 435,2 kilómetros de los 471 que componen este eje ferroviario, inaugurado en abril de 1992. La justificación para esta inversión era que el corredor se había vuelto obsoleto en comparación con el resto de la red de alta velocidad española. Fitto reconoció que los equipos ferroviarios tienen una vida útil prolongada, lo que permite a las autoridades nacionales seguir utilizando activos o tecnologías que ya no cumplen con los estándares de interoperabilidad actuales.
No obstante, el vicepresidente de la CE enfatizó que la decisión de reciclar estos materiales recae en el Gobierno español, siempre y cuando se adopten las medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes. La Comisión subraya que no es su competencia controlar la ejecución de las obras financiadas con fondos europeos, sino que la responsabilidad recae en los Estados miembros.
“"Bruselas no es que se desmarque de la versión del Gobierno y el ministro Puente, sino que vuelcan directamente la responsabilidad en ellos."
El eurodiputado andaluz Juan Ignacio Zoido interpretó la respuesta de la CE como una confirmación de que las autoridades españolas eran las responsables de la gestión y control de la infraestructura. Zoido lamentó la falta de explicaciones y dimisiones tras el accidente, criticando la gestión del Ministerio de Transportes y las decisiones posteriores de Adif y el Gobierno de Sánchez, que considera una falta de respeto hacia las víctimas.
