El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública en funciones, José Antonio Nieto, se ha reunido con el comisionado para la atención a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Jaime Mora, tras la reciente convocatoria de ayudas aprobada por la Junta de Andalucía.

Las personas afectadas por el siniestro, ocurrido el pasado 18 de enero, tienen desde el 2 de junio un plazo de tres meses para presentar sus solicitudes. Las ayudas, aprobadas por el Consejo de Gobierno el 12 de mayo y convalidadas por el Parlamento, buscan complementar las prestaciones estatales.

Las cuantías económicas destinadas a los heridos por lesiones físicas varían entre los 481 y los 16.828 euros. Para las familias de los fallecidos, la ayuda asciende a 14.424 euros. El requisito principal para acceder a estas prestaciones es haber sido residente en Andalucía en el momento del accidente.

La propuesta de estas ayudas provino del Comisionado creado por el Gobierno andaluz para el seguimiento y apoyo a los afectados. La Consejería de Justicia será la encargada de tramitar y resolver las peticiones en un máximo de dos meses.

El Gobierno andaluz ha justificado la medida señalando que, tras más de cuatro meses del accidente, las víctimas aún enfrentan gastos significativos para adaptarse a su nueva situación, incluyendo adecuación de viviendas, tratamientos psicológicos y rehabilitación.

Se ha destacado que algunos afectados, al no estar dados de alta en la Seguridad Social en el momento del siniestro, pueden tener dificultades para acceder al mercado laboral. Además, se mencionan los gastos de desplazamiento que muchos, procedentes mayoritariamente de la provincia de Huelva, deben afrontar para acudir al Tribunal de Instancia de Montoro, responsable de la instrucción del caso.

Ante la "gravedad del siniestro" y la "intensa e inmensa conmoción social" que generó, el Gobierno andaluz busca ofrecer una "atención sostenida en el tiempo" para mitigar el impacto económico en las víctimas y sus familiares.

Las ayudas estarán exentas de tributar en el tramo autonómico del IRPF y se abonarán en un pago único. Serán compatibles con las ayudas estatales, y se agilizarán los trámites para aquellos que ya hayan sido reconocidos por el Gobierno o cuyos datos obren en poder de la Administración autonómica. Las solicitudes pueden presentarse de forma presencial o telemática.

En el caso de las ayudas por fallecimiento, los beneficiarios principales serán los cónyuges o parejas (o relación análoga) e hijos. Si no existen, se extenderá a los progenitores, ascendientes de segundo grado o hermanos. En caso de múltiples beneficiarios indirectos, la ayuda se repartirá a partes iguales.