Las cuantías de estas ayudas, que se abonarán en un pago único y estarán exentas del tramo autonómico del IRPF, oscilan entre los 481 y los 16.828 euros. Las familias de los fallecidos recibirán 14.424 euros, mientras que las personas con lesiones físicas podrán percibir hasta 16.828 euros.

Grupos como el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han criticado que el decreto se queda corto al no incluir a las personas que sufrieron secuelas psicológicas o de salud mental. Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, defendió que estas patologías ya están cubiertas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La aprobación tuvo lugar en la Diputación Permanente del Parlamento, en lo que supone el cierre de la XII Legislatura. Portavoces del PSOE y Por Andalucía expresaron su disconformidad por aprobarse el decreto en este momento, argumentando que las mayorías parlamentarias han cambiado tras las últimas elecciones.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública en funciones, José Antonio Nieto, defendió la necesidad de complementar las ayudas estatales. El plazo para solicitar estas subvenciones será de tres meses tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Desde el Gobierno andaluz se subraya que las víctimas aún enfrentan gastos significativos para adaptarse a su situación, como la adecuación de viviendas, tratamientos psicológicos y rehabilitación.

El diputado de Vox, Rodrigo Alonso, advirtió que su grupo buscará la verdad y la culpabilidad de los responsables, señalando al Gobierno central y considerando las ayudas insuficientes.