Un nuevo informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, remitido al Tribunal de Instancia de Montoro, detalla que la orden para retirar segmentos de carril y otros componentes, como traviesas o restos de una aguja de desvío, fue emitida por la Presidencia de Adif vía telefónica. Esta acción se llevó a cabo apenas unas horas después de que se recuperaran los últimos cuerpos de la zona del siniestro, ocurrido el 18 de enero, y sin el debido control judicial, una circunstancia que la instructora del caso reprocharía días más tarde.

El jefe de la Estación Base de Mantenimiento de Hornachuelos, de la que depende Adamuz, ha revelado esta información en su declaración, a la que ha tenido acceso ABC. Este técnico de alto nivel confirmó que la orden llegó el 22 de enero de 2026, primero por teléfono a su jefe de Área, quien se encontraba en el lugar del accidente, y este la transmitió verbalmente al equipo de trabajo presente. Además, admitió que no existe ningún registro documental sobre el traslado de estas piezas.

El cambio de ubicación se realizó la misma noche del 22 de enero y durante la jornada del 23. Posteriormente, el 3 de febrero, a solicitud de un miembro del CIAF, se trasladó un trozo de carril de 2,32 metros desde el lugar del accidente hasta Hornachuelos. Ese mismo día, agentes de la Guardia Civil se presentaron en las instalaciones y precintaron el conjunto de cupones.

Los investigadores buscan esclarecer por qué se retiró material de las vías entre el 22 de enero y el 5 de febrero sin autorización judicial. El responsable de la Base de Hornachuelos explicó que la retirada se debió a condiciones climatológicas adversas y la previsión de entrada de maquinaria pesada, con el fin de salvaguardar el material. Sin embargo, el testimonio añade que el departamento de Adif Construcción realizó “ensayos no destructivos in situ” en los trozos de vía para comprobar su dureza, y que la seguridad y el acceso al depósito están controlados.