Esta medida, anunciada en marzo por la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, busca aumentar las prestaciones económicas para los afectados, incluyendo procesos de incapacidad temporal, y pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad. La norma establece que estas ayudas no se integrarán en la base imponible del IRPF ni del Impuesto de Sociedades, y también exime de impuestos ciertas ayudas por daños personales derivados de incendios forestales y abusos sexuales en la Iglesia.
La consideración de accidente de trabajo para los siniestros de Adamuz y Gelida facilitará el reconocimiento de las prestaciones económicas. La titular de Hacienda destacó en su momento que esta medida era "de justicia" y que conllevaría "prestaciones más elevadas" para los heridos y sus familias, equiparándolo a lo aplicado tras la catástrofe de la dana.
La aprobación del decreto ley se produjo sin votos en contra, aunque los diputados de Vox optaron por la abstención. El texto legislativo también aborda la exención de impuestos para diversas ayudas relacionadas con la dana y otras catástrofes, así como para afectados por abusos sexuales en el ámbito eclesiástico.
Queda pendiente determinar el número de beneficiarios y la cuantía presupuestaria necesaria para hacer frente a estas indemnizaciones. La medida busca ofrecer un mayor respaldo económico a las víctimas de estos trágicos sucesos.
